Incondicional peón del imperio, Álvaro Uribe se despide de la presidencia de Colombia con una nueva provocación: la denuncia de la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Ni lerdo ni perezoso el Departamento de Estado salió a respaldar sin reservas la acusación formulada por Bogotá en la OEA, alentado por la supuesta “contundencia” de las pruebas presentadas por Uribe que denuncian al gobierno de Hugo Chávez por permitir la instalación de campamentos de la FARC y la realización de diversos programas de entrenamiento militar de unos 1.500 efectivos de la guerrilla en territorio venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró con singular insolencia que “Venezuela ha mostrado una conducta desafortunada e insolente” con su vecino y amenazó que si ese país “no coopera, Estados Unidos y los demás países obviamente lo tomarán en cuenta". Hay que recordar que desde 2006 Estados Unidos incluye a Venezuela en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. En la misma línea se manifestó el Subsecretario Adjunto para América Latina, Arturo Valenzuela, declarando que la denuncia hecha por Uribe era “muy seria”. Ambas declaraciones arrojan espesas sombras de dudas sobre las capacidades intelectuales de ambos funcionarios y, lo que es aún más grave, alimentan la sospecha de que por su afición a la mentira la calidad moral de ambos no parece ser demasiado diferente de la de Álvaro Uribe.

Es evidente que para los administradores imperiales cualquier cosa que convenga a sus intereses tratan de hacerla aparecer ante los ojos de la opinión pública como “seria y contundente”. Y son esos intereses los que movieron a la Casa Blanca a pedirle una última “prueba de amor” al gobernante colombiano pocos días antes de abandonar la presidencia. Como es de público conocimiento, el prontuario que la DEA, la CIA y el FBI han venido construyendo sobre Uribe por sus íntimas y prolongadas vinculaciones con los narcos no le permite al mandatario colombiano desobedecer ninguna orden originada en Washington, so pena de correr la misma suerte que el ex presidente panameño Manuel A. Noriega y terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos.1 La disparatada denuncia de Uribe, un inveterado mentiroso, viene de perlas para impulsar la desestabilización que Washington quiere producir en vísperas de las cruciales elecciones venezolanas programadas para el 26 de septiembre y, a la vez, legitimar el impresionante programa de militarización que está imponiendo en América Latina, una de cuyas mayores expresiones ha sido la firma del tratado Obama-Uribe mediante el cual el país sudamericano cede al menos siete bases militares para uso de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Por eso los personeros del gobierno norteamericano simulan que consideran “serias y contundentes” las pruebas que respaldan la denuncia de Uribe, sabiendo que no tienen asidero alguno y que son puro palabrerío y montajes fotográficos. Pero las mentiras son parte del discurso oficial de Estados Unidos, elementos imprescindibles para rodear con un halo de legitimidad los designios del imperialismo norteamericano, y esto por varias razones.

Mentiras porque, en primer lugar, si las FARC controlan cerca del 30 % del territorio nacional (cosa que es archisabida en Colombia) no se entiende que sentido puede tener distraer nada menos que 1.500 hombres del teatro de operaciones, enviar a sus jefes a vacacionar en Venezuela y organizar 85 campamentos guerrilleros en el vecino país. Si hay un político que miente sistemáticamente en nuestra región -¡y hay muchos!- Uribe se lleva las palmas: es en la propia Colombia donde la crisis y putrefacción del estado oligárquico permite que amplias franjas de su territorio, especialmente en las zonas selváticas, estén contraladas por la guerrilla, los narcos y los paramilitares. Diversas autoridades ecuatorianas comentaron luego del ataque que las fuerzas colombianas realizaron en su territorio que Ecuador no limita al norte con Colombia sino con una tierra de nadie controlada por las organizaciones descritas más arriba. Con una necedad sin límites Uribe acusa a sus vecinos de no hacer lo que él ha dado sobradas muestras de ser incapaz de hacer: controlar su propio territorio. Cerrando los ojos ante esta realidad, Estados Unidos se monta sobre esta falaz denuncia para, desde allí, acosar al gobierno bolivariano por su falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, ocultando ante la opinión pública -¡con la complicidad de la “prensa libre”, por supuesto!- el molesto hecho de que el mayor exportador mundial de cocaína (y también de narcotraficantes) es la Colombia militarizada por Uribe y devenida gracias a su invalorable colaboración en un protectorado norteamericano. Ante semejante cuadro de descomposición política, denunciar que las FARC se instalan en Venezuela -¡y para colmo con el aval y la complicidad del gobierno de Hugo Chávez!- no pasa de ser una vulgar engañifa al servicio del imperio ; una acusación que carece por completo de entidad como para ser tomada mínimamente en serio. Es la calumnia que descerraja un personaje completamente inescrupuloso como Uribe. 2

En segundo lugar, ¿cómo olvidar que Uribe fue el hombre que mintió alevosamente cuando sus fuerzas, apoyadas por las de Estados Unidos, incursionaron en territorio ecuatoriano aduciendo que iban en persecución de una columna de las FARC? Las pruebas demostraron que los guerrilleros a los que supuestamente se perseguía luego de un enfrentamiento ocurrido en territorio colombiano estaban durmiendo -vestidos inclusive con pijamas- al momento de producirse el ataque y que, en consecuencia lo que tuvo lugar en Santa Rosa de Sucumbíos no fue un combate sino lisa y llanamente una masacre indiscriminada. Esta operación, realizada poco después de la medianoche del 1º de marzo del 2008, fue realizada con el apoyo logístico y material de los efectivos norteamericanos estacionados en la base de Manta, los únicos que disponían de la tecnología necesaria y de aviones capaces de efectuar un bombardeo de asombrosa precisión en plena selva y en medio de la más absoluta oscuridad. Una muestra más de la enfermiza afición de Uribe por la mentira fue la historia montada en torno a la famosa laptop de Raúl Reyes, que en un prodigio tecnológico sin precedentes sobrevivió indemne a un bombardeo que destruyó todo lo que había a su paso y cuyo disco rígido habría entregado valiosísima información sobre los profusos contactos de Reyes y las FARC con todos los enemigos de Uribe y Estados Unidos.3

Tercero, ¿cómo se le puede creer a un hombre que desde la presidencia de Colombia convalidó la acción de los paramilitares y del terrorismo de estado? El 16 de febrero de este año la unidad de “Justicia y Paz” de la Fiscalía colombiana publicó un informe en el que se revela que algo más de 4.000 paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en el período comprendido desde mediados de los ochenta hasta su “desmovilización” en 2003-2006. No sólo eso: la Fiscalía recibió además declaraciones de los paramilitares dando cuenta de 1.085 masacres, 1.437 reclutamientos de menores, 2.520 desapariciones forzadas, 2. 326 desplazamientos forzados y 1.642 extorsiones, además de 1.033 secuestros. Pese a este luctuoso record Uribe es considerado por sus mandantes en Washington como un campeón en la lucha por los derechos humanos.4 En relación a esto, si el ansiado TLC entre Colombia y Estados Unidos no ha sido todavía ratificado por el Congreso norteamericano es porque, tal como lo señala el conservador periódico colombiano El Tiempo, tan sólo en el año 2009 los paracos y las “fuerzas de seguridad” asesinaron a 40 sindicalistas, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo para ese tipo de actividad. Sobre un total de 76 dirigentes gremiales asesinados en todo el mundo, el 52 % de esos crímenes se perpetraron en un país al que Estados Unidos considera un ejemplar paradigma de la lucha por los derechos humanos y el combate al terrorismo. La Central Única de Trabajadores de Colombia informó pocos meses atrás que desde 1986, año de su creación, 2.721 activistas y dirigentes de esa organización fueron asesinados por las “fuerzas de seguridad.” 5 Pese a ello, las credenciales democráticas de Colombia jamás fueron puestas en duda por Washington.6

Cuarto, el denunciante es nada menos que el responsable intelectual y político de la masacre serial conocida con el nombre de “falsos positivos.” Tal como lo señalan distintas notas publicadas en Colombia por el Observatorio Latinoamericano, Cronicón, durante estos tres últimos años de gobierno de Uribe el balance es funesto. Se comprobó que el ejército, ante el acoso del gobierno para que mostrara resultados concretos en la lucha contra la guerrilla, diseñó y ejecutó un plan criminal: recorrer las comunidades y aldeas más pobres del país ofreciendo trabajo a la enorme masa de desocupados y reclutando a un elevado número de indigentes, campesinos indefensos y jóvenes marginados, que luego eran asesinados a sangre fría y hacer pasar sus cadáveres como pertenecientes a guerrilleros ejecutados en combate para cobrar la recompensa establecida por el gobierno u obtener estímulos o ascensos en su carrera militar. Según estimaciones muy conservadoras, estos crímenes de Estado, perpetrados cuando el futuro presidente de Colombia, Juan M. Santos era Ministro de Defensa, superan los mil setecientos casos.7 Otra faceta de esta criminal política mal llamada de seguridad democrática la brinda el hallazgo, dado a conocer el 16 de febrero del 2010, “de la mayor fosa común de la historia contemporánea del continente americano, horrendo descubrimiento que ha sido casi totalmente invisibilizado” por los principales medios de comunicación de masas en Colombia y en el mundo. "La fosa común contiene los restos de al menos 2.000 personas, está en La Macarena, departamento del Meta…(y fue descubierta ) gracias a la perseverancia de los familiares de desaparecidos y a la visita de una delegación de sindicalistas y parlamentarios británicos que investigaba la situación de derechos humanos en Colombia, en diciembre 2009."8 Cabe añadir que esa zona había sido objeto de preferente atención por parte de las fuerzas armadas colombianas desde el 2005, con los nefastos resultados recientemente revelados.

Como ocurrió con todos los terrorismos de estado que asolaron la región en los años setentas del pasado siglo, los crímenes de lesa humanidad cometidos por sus perpetradores tenían también un trasfondo económico. En el caso de la Colombia de Uribe, con su comparsa de sanguinarios esperpentos, entre las corruptas fuerzas armadas, los paramilitares y el narco se repartieron millones de hectáreas que en su desesperado éxodo dejaban tras de sí los campesinos desplazados por los bombardeos y masacres indiscriminadas a que estaban sometidos. Tal como lo expusiera Jomary Orteon Osorio, del Colectivo de Abogados de Colombia, en la conferencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU reunida en Ginebra a comienzos de mayo de este año, la cifra de los campesinos desplazados ascendería a 4.500.000 y sus tierras fueron luego transferidas, con gran provecho para los encargados de desalojarlos, a los terratenientes y el agronegocios, auspiciantes y cofinanciadores del paramilitarismo. En esa misma conferencia se estableció que pese a los “éxitos” del gobierno de Uribe el número de desplazados sigue creciendo a razón de 150.000 personas por año. El Ministro de Planeación de Colombia, Esteban Piedrahita Uribe, jefe de la delegación colombiana en esta conferencia, no desmintió las alegaciones antes formuladas y se limitó a decir que "hemos confiscado 2.000.000 de hectáreas a grupos criminales que se apropiaran ilegalmente de esas tierras y ahora la justicia va a decidir la devolución a sus verdaderos propietarios."9 En todo caso, hay que subrayar que el cálculo del número de hectáreas expropiadas en esta salvaje reedición del proceso de acumulación originaria que Marx describiera en su célebre capítulo 24 del primer tomo de El Capital está sujeto a fuertes controversias. Hay quienes sostienen que el número de hectáreas así transferidas asciende a 6 millones pero hay otros que fijan esa cifra en torno a los 10 millones. En todo caso, cualquiera que sea el número que finalmente se establezca más allá de toda duda, lo cierto es que la política de seguridad democrática si hay algo que efectivamente aseguró: la expropiación de la masa campesina y la apropiación de las mismas por el capitalismo agrario.10

Este es el hombre que hoy levanta su dedo acusador contra la revolución bolivariana. Es evidente que lo suyo es una maniobra más, dictada por los estrategas del imperio, para acosar al gobierno de Hugo Chávez y para legitimar la política del hard power (poder duro) a la cual parece haberse vuelto más afecto Obama que su ignominioso predecesor, pese a que en las declaraciones oficiales y en los escritos de algunos analistas cercanos a la Casa Blanca, como Joseph Nye, se hable con insistencia de las ventajas del soft power (poder blando, o la diplomacia tradicional) o el smart power (el poder inteligente, de la nueva diplomacia) sobre la brutalidad y elevado costo del primero. Sin embargo, el imperio insiste en el poder duro de su impresionante dispositivo militar: por eso las bases en Colombia; en Aruba y Curazao, a pocos kilómetros del litoral marítimo venezolano; las que se encuentran en El Salvador y en Honduras y, ahora, la autorización para introducir nada menos que 7.000 marines y toda clase de armamento, además de portaviones, helicópteros, buques anfibios, aviones de última generación, en la vecina Costa Rica. Por eso también la Cuarta Flota. El gobierno de Uribe cumple así un servicio de extraordinaria importancia para facilitar los planes destituyentes del imperialismo: incapaz de proteger su frontera de 586 kilómetros con Ecuador, a la que destina apenas 8 minúsculos destacamentos militares, y mucho más incapaz todavía de hacer lo propio en los 2.216 kilómetros que tiene la frontera colombo-venezolana, convertida en una zona liberada para narcos y paracos, trata por todos los medios de crear las condiciones que justifiquen la intervención militar norteamericana en América del Sur; en lo inmediato, mantener viva la tensión entre Colombia y Venezuela luego del recambio presidencial, evitar que Santos modifique la agenda de confrontación permanente con la revolución bolivariana instituida por Uribe y enlodar la cancha para que Chávez llegue desgastado y acosado internacionalmente a las elecciones de finales de septiembre. Preocupado por su futuro y agobiado por el espectro de Noriega pudriéndose en una cárcel gringa o de una querella planteada ante la Corte Penal Internacional, Uribe se esmera hasta el último día de su mandato para mostrar su total sumisión a los dictados de los imperialistas. Por eso es importante desenmascarar al denunciante, y exigir la pronta intervención de la UNASUR para desbaratar los planes de Washington en Nuestra América. Este no es un tema para la OEA (que además no supo desbaratar la provocación uribista) sino para la UNASUR, que será puesta a prueba con este incidente. Es de esperar que esta naciente organización de los países suramericanos actúe de inmediato, ya mismo, porque de lo contrario puede ser demasiado tarde para evitar las graves consecuencias de todo orden que tendría la consumación del proyecto belicista de los Estados Unidos, implementado por Washington y sus proxys latinoamericanos.